Paula Correa - Radio U Chile
La luz verde otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama para construir la termoeléctrica más grande de Sudamérica en la Tercera región era previsible, según Lucio Cuenca, quien denunció que en las dos últimas semanas se realizó una intensa operación para validar el acuerdo previo con la empresa MPX. Además, el abogado Álvaro Toro recalcó que la rápida aprobación se produjo el mismo día en que presentarían un recurso de protección.
Por unanimidad se aprobó la construcción de la Central Catilla, el proyecto termoeléctrico más grande de Sudamérica, visado en una reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que de forma extraordinaria comenzó a sesionar a las ocho y media de la mañana.
La intendenta de la Tercera región, Ximena Matas, justificó de manera categórica la aprobación al señalar que se encuentran tranquilos de haber actuado como corresponde, teniendo en consideración los aspectos legales. “Nosotros no podemos responder en conciencia, no podemos responder de otra forma”, añadió.
Para Lucio Cuenca, director ejecutivo del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), esto ya se veía venir, porque en las últimas dos semanas se ha realizado una intensa operación para validar una decisión previamente acordada con la empresa MPX.
“Para nosotros es un tongo ambiental desde donde se mire. En realidad, es una vergüenza y demuestra que incluso la nueva institucionalidad es extremadamente vulnerable a la manipulación política y económica. Este hecho en torno a la termoeléctrica Castilla echa por tierra todos esos anuncios de mejoramiento de la institucionalidad ambiental. En realidad, estamos a la deriva respecto de tener una institucionalidad que proteja los derechos ambientales y a las comunidades que pudieran ser eventualmente afectadas por los proyectos”, señaló el dirigente.
Todo comenzó hace dos semanas con el acuerdo con la familia Domínguez que se ventiló pública y ampliamente a lo largo de todo el país. Al día siguiente el Seremi de Salud cambió la calificación del proyecto de industria “contaminante” a “molesta”. Dos días después la intendenta convocó para que se reactivara el proceso de evaluación ambiental, se elaboró un nuevo informe y, como nunca antes, los servicios públicos contestaron en menos de 24 horas, para luego fijar por adelantado la votación de hoy.
Todo esto cuando los ciudadanos tenían planificado para este viernes presentar un recurso de protección para impugnar la resolución del Seremi de Salud, Nicolás Baeza, con lo que la Corte de Apelaciones podría haber paralizado el proyecto. En este sentido, el abogado a cargo de esta presentación, Álvaro Toro, denunció un manejo institucional para acallar a la ciudadanía.
“Queremos denunciar esta sorpresiva convocatoria a la reunión por parte de la intendenta, porque ella enterada que nosotros habíamos presentado un recurso, llamó a esta reunión, justamente para tratar de quitarnos el piso, y la esperanza de que nuestros derechos fueran reconocidos por los tribunales. No hay ninguna otra forma de entenderlo. Se hizo toda una planificación donde organizaron cómo hacerlo para que la ciudadanía no se lograra expresar y que las voces disidentes quedaran fuera”, enfatizó el abogado.
Así, la central tiene luz verde para su ejecución, con una inversión estimada de 4 mil 400 millones de dólares. Se instalaría a unos 80 kilómetros al sureste de la capital de la región de Atacama, produciendo cerca de 52 millones de toneladas de gases que favorecen el calentamiento global.