Por: Alejandro Lavquén
El reciente homenaje –aprovechando la reedición de un libro laudatorio- convocado por el ex DINA y hoy alcalde de Providencia Cristián Labbé, en honor de Miguel Krassnoff Marchenko, también ex miembro de la DINA y condenado a más de 140 años de presidio por violaciones a los derechos humanos, ha traído nuevamente a la superficie el rostro más siniestro de la derecha, estereotipado públicamente en personajes de la calaña de Hermógenes Pérez de Arce, Alfonso Márquez de la Plata, Raúl Hasbún, Agustín Edwards, Ambrosio Rodríguez, Sergio Melnick, Sergio Onofre Jarpa, etcétera, sumándoseles el generalato, el almirantazgo, la UDI y RN, que tácita o abiertamente justifican la represión y el golpe de Estado de 1973, de cuya ejecución derivaron todas las violaciones a los derechos humanos y desaparición de personas.
En ningún país que se proclame democrático puede permitirse que se rinda homenajes a condenados por crímenes de lesa humanidad, tampoco a criminal alguno. Y aquí no es válida ninguna justificación apelando a la libertad de expresión o el derecho de las personas a homenajear a quienes quieran, como reclama la derecha pinochetista encabezada, en esta oportunidad, por Cristián Labbé. Tal vez esto podría suceder en el living de su casa, sin publicidad ni invasión de espacios públicos. La dictadura de Pinochet y la DINA son el equivalente a Hitler y la Gestapo; y, como sabemos, en Alemania es un delito alabar con publicidad el nazismo. En Chile debería existir una ley que prohíba toda defensa o alabanza pública del pinochetismo en cualquier circunstancia. Si nos atuviéramos a la lógica de Labbé bien podrían entonces –los feligreses del cura Karadima, sancionado por pedófilo por la Iglesia Católica- rendirle un homenaje público. La libertad de expresión no puede ser utilizada para justificar hechos criminales.
En Chile, gracias a la pusilanimidad de Patricio Aylwin Azocar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, los pocos militares condenados por violar los derechos humanos cumplen condena en cárceles de lujo, transgrediéndose el principio de igualdad ante la ley. La justicia “en la medida de lo posible”, impuesta en Chile por los gobiernos de la Concertación, y la connivencia de éstos en el plano económico y político con la derecha, es lo que motiva a los ex militares y cómplices civiles de Pinochet, que se sienten con cierto “derecho histórico” para tratar de imponer su prepotencia y mentiras a la sociedad. La derecha y los militares actúan con la estrategia de “el ladrón detrás del juez”, aprovechándose de la lenidad (o acomodo) de la elite política cuando de cambios substanciales al sistema político que nos rige, que es ilegítimo porque nació de una tiranía militar, se trata. Toda concesión que se haga a la derecha será aprovechada por ésta para tratar de imponer la impunidad, y lo seguirá haciendo en el futuro mientras no tengamos una Constitución de verdad. Es decir, nacida de una asamblea constituyente.