Hasta el Congreso Nacional en Valparaíso llegaron este martes 24 de enero, 81 organizaciones sociales convocadas por la Coordinadora por la Lucha de los Pueblos y representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), para exigirle a los parlamentarios que rechacen la “Ley de Resguardo del Orden Público”, también conocida como “Ley Hinzpeter o Antitomas”, proyecto que criminaliza la protesta social y pretende coartar la legítima expresión ciudadana.
El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Gabriel Boric, junto con el presidente de la Federación de la Universidad Católica (Feuc), Noam Titelman, ingresaron a la oficina de correspondencia del Congreso Nacional para hacer entregar de la carta a diputados y senadores en medio de un vasto aparataje policial, mientras los demás dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) esperaron afuera del máximo tribunal.
“Cuando la ciudadanía se empieza a manifestar las instituciones se asustan”, aseveró Boric, respecto a la gran presencia de contingente policial que custodiaba el ingreso al edificio legislativo. Titelman, por su parte, sostuvo que el proyecto de ley que se quiere aprobar “huele a dictadura, a opresión y represión”.
Declaraciones a las que se sumó el presidente de la Federación Mapuche de Estudiante (Femae), José Ancalao, quien aseguró que la iniciativa legal “está a la altura de la inteligencia de este Gobierno que apaga los incendios con bencina, de querer solucionar los problemas sociales con más carabineros en la calles, con los estudiantes y la ciudadanía en la cárcel. No queremos dialogar con carabineros, ni tampoco queremos dialogar en la cárcel con nadie”, sostuvo.
Por otro lado, Carla Amtmann, directora de la Universidad Popular de Valparaíso y miembro de la Coordinadora por la Lucha de los Pueblos señaló que “ante medidas antidemocráticas, el pueblo responde con más democracia (…) el gobierno jamás podrá detener los disturbios con más represión”.
“TERMINARÁN ENCARCELADOS”
Una semana antes de fiestas patrias, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) envió un documento al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el cual preocupados por los saqueos y desórdenes propusieron una solución al jefe de gabinete, elaborando un proyecto de ley –redactado por Miguel Otero, consejero de la CNC, ex diputado de Renovación Nacional y ex embajador del Presidente Piñera en Argentina– que modifica el Código Penal con el objetivo de sancionar con penas más duras las formas que adquiere las movilización social.
La normativa reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos -tipificados en el artículo 269 del Código Penal- por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado médico, es decir, de 541 días a 3 años a quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia.
La misiva advierte que “cualquier estudiante o profesor que, cansado de los abusos, se le ocurra ocupar un Ministerio, una Secretaría Regional Ministerial, un colegio o universidad; o trabajadores de la salud que se tomen un Hospital, un policlínico o una dependencia municipal; deudores habitacionales, pescadores artesanales, pobladores que se tomen una calle o un camino para hacer visible sus conflictos, o aquellos que salgan a marchar sin permiso… ¡Terminarán encarcelados!”.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La misiva titulada “Legislar para las mayorías o en contra de ellas”, es -según manifestó la secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Marjorie Cuello- un “llamado abierto a los parlamentarios y senadores a que rechacen esta ley y que legislen de una vez por todas en función a las necesidades de la ciudadanía y no a espaldas del pueblo”.
Por ello, la carta señala que está en manos de diputados o senadores “la responsabilidad inmediata de frenar esta ley”. El que miles de estudiantes salgan a las calles y ocupen sus colegios y facultades durante meses “es un síntoma de que el malestar nacional ya rebasó los límites de nuestra sistema institucional”.
Los estudiantes, por tanto, emplazaron al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero -de la Unión Demócrata Independiente (UDI)- a que se encargue de este problema, pues está en sus manos la posibilidad de que se cierren espacios “a la legítima expresión ciudadana”, por lo que es necesario “buscar caminos de entendimiento, que permitan avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, justa y solidaria”.
La “Ley Hinzpeter” avanza hacia el camino contrario -entienden los estudiantes-pues significa sancionar con penas de cárcel a cualquier funcionario trabajador, estudiante, ambientalista o vecino que se atreva a manifestar su descontento.